El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).
En la evaluación, el GAFI identificó que algunas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.
En virtud de ello, el SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.
Otras de las actividades que realiza el SAT para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar Avisos y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.
Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.
Para el SAT es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Antilavado.
El SAT continuará ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.
