A más de dos años de que entró en vigor la reforma fiscal, la Corte no ha resuelto aún sobre la constitucionalidad de la gran mayoría de los cambios impugnados por miles de empresas, y no tiene fecha para hacerlo, por lo que sus resoluciones se han limitado a aclarar si proceden o no las suspensiones contra la aplicación de las normas relativas a la contabilidad electrónica.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) se mostró sumamente preocupada de que, a cerca de dos años desde que se promovieron los primeros amparos en contra de la contabilidad electrónica, aún no exista una resolución del Poder Judicial de la Federación, en específico de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que resuelva en definitiva este tema, es decir, si resultan o no constitucionales las disposiciones relativas.
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