La Presidencia da a conocer un decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos.
Con ello se pretende evitar lo que se ha conocido como “revictimización”, es decir que quienes han sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos.
Por lo tanto, mediante este decreto se crea una institución encargada de recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas u ofendidos de delitos y con la atención que éstos reciban, promoviendo la investigación y la elaboración de diagnósticos y estudios sobre la materia y, en su caso, recomendar acciones concretas a los tres órdenes de gobierno para prevenir y eliminar obstáculos que entorpecen y retardan la atención integral de las víctimas u ofendidos.
